Se promueve por Doña Mariam un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, recaída en la reclamación económico-administrativa, por la que se inadmite la solicitud de suspensión sin garantía de una liquidación tributaria girada por ITP.

El 9 de enero de 2008, se formalizó en escritura pública una dación en pago por la que la actora  y su cónyuge adquirieron en régimen de gananciales determinados porcentajes de varias fincas rústicas, sujetando al IVA la operación realizada.

Después, se inició por parte del órgano correspondiente de la AEAT inspección tributaria en relación al IVA del ejercicio 2008, en el acta de dicha inspección fue objeto de reclamación económico administrativa, que fue desestimada por el TEAR mediante resolución, dicha resolución fue recurrida en alzada ante el TEAC, que estimando el recurso de alzada interpuesto por esta parte, anuló la liquidación impugnada, mediante resolución.

Más tarde la AEAT comunicó las actuaciones realizadas a la administración de la CAM, la cual inició su propio proceso inspector, dando como resultado que pretendieran sujetar a transmisiones patrimoniales onerosas la operación, a pesar de la renuncia a la exención del IVA practicada en legal forma, como ha sido reconocido por el TEAC en resolución que además resulta firme y consentida.

Al tiempo de interponer la reclamación económico-administrativa, se presentó en escrito independiente, solicitud de suspensión del acto impugnado sin aportación de garantías.

Más tarde se notificó a la parte demandada un error material en el que habían incurrido en su resolución, según consta en el fallo, resolución que supuestamente inadmitía la solicitud de suspensión, sin saber las razones por no haber  recibido la resolución rectificada.

Con la interposición del presente recurso, la parte demandante pretende la anulación de la resolución que se impugna y consecuentemente que se proceda a admitir la solicitud de suspensión.

La estrategia del abogado esta dirigida en demostrar los siguientes hechos:

1. Se considera que la resolución es contraria a derecho porque es dificilmente discutible que esté dentro del ámbito de aplicación del supuesto de suspensión sin garantías por concurrencia de impuestos.

2. Se considera que resulta pobre e insuficiente y es manifiestamente contraria a la jurisprudencia del Alto Tribunal, motivo por el cual debe ser rechazada de plano.