En la fecha arriba señalada se dictó una SENTENCIA por la cual se acordaba declarar resuelto un contrato de compraventa concertado entre Úrsula y la promotora CONSTRUCCIONES S.L en Abril de 2006 teniendo dicha SENTENCIA como efecto la resolución del citado contrato entre las partes debiendo, de este modo, la promotora mencionada pagar a Úrsula la suma de 70.495 euros más el interés legal desde la interpelación judicial con imposición de costas.

Úrsula acudió a los tribunales en 2008 debido a que, mediante los medios de comunicaicón locales, había tenido noticias previas de que, la vivienda adquirida -cuya entrega aún no se había producido y ya era exigible- se había iniciado sin contar con la licencia urbanística preceptiva y sin ningún ajuste a la legalidad.

Debido a que el Tribunal de primera instancia, en 2012 consideró adecuada su petición estimando la resolución del contrato, acaece que CONSTRUCCIONES S.L no está de acuerdo con el pronunciamiento y, al considerar que han aparecido documentos relevantes con posterioridad a la SENTENCIA, recurre en sede de apelación con objeto de que se deje sin efectos la mencionada SENTENCIA y se dicte una nueva desestimando las pretensiones concedidas a Úrsula.

Úrsula quiere ver mantenida la decición de resolver el contrato de compraventa de su finca con CONSTRUCCIONES S.L y ser repuesta de las cantidades decretadas judicialmente que previamente pagó a la mercantil en base a la cláusula (ya alegada en primera instancia) que permite la resolución cuando la parte vendedora -por causas imputables a la misma- deje de cumplir la obligación de entrega.

Prentende que no se cambie el fallo ni se aplique la cláusula que permite ampliar el plazo de entrega ya que, a su parecer, no se trata de un caso fortuito ni de fuerza mayor sino de un incumplimiento deliberado y totalmente imputable a la mercantil que ya se ha materializado.

La defensa letrada de Úrsula, lo que hace es traer a colación jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal en materia de incumplimiento contractual en aras de evidenciar que, el comportamiento de la mercantil, cumple las premisas jurisprudenciales que permiten apreciar el incumplimiento y por ello debe ser mantenido el pronunciamiento judicial de primera instancia.