D. Carlos realizó la declaración de liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales. Las cantidades declaradas fueron modificadas por la Administración y D. Carlos apeló al tribunal económico administrativo. La apelación fue denegada argumentando una caducidad del procedimiento. Acabada esa vía  D. Carlos interpone recurso ante el tribunal superior alegando que la caducidad no es culpa suya si no de la administración.

El cliente es D. Carlos y pretende que la caducidad sea invalidada y se acepte la modificación de la base imponible.

La estrategia del abogado pasa por declarar que la caducidad debe ser declarada cuando la culpa es del titular del derecho, pero en este caso no es así la caducidad no es correcta.